Imputan a tres empleados del IPSS por millonaria maniobra con certificados de discapacidad falsos

La audiencia de formulación de cargos y pedido de medidas cautelares se llevó a cabo el viernes 1 de mayo, a partir de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira y representada en la instancia por el auxiliar de fiscal Leandro Abdala.

A los acusados se les imputan los delitos de defraudación a la administración pública, en concurso real con defraudación en grado de tentativa y falsificación de instrumento público, en calidad de presuntos coautores.

Uno de los sospechosos fue detenido en la terminal de ómnibus cuando intentaba viajar a Córdoba, luego de no haber sido hallado durante un allanamiento previo.

Cómo funcionaba la maniobra

Según la investigación, desde enero de 2026 los imputados habrían actuado de forma coordinada ofreciendo a afiliados la obtención de CUD falsos a cambio de dinero, prometiendo cobertura total de prácticas médicas, cirugías y prótesis.

Los certificados eran confeccionados de manera apócrifa y luego incorporados a expedientes administrativos reales dentro del IPSS, aprovechando sus funciones dentro del organismo.

En al menos cuatro casos detectados, las víctimas habrían pagado un total de $1.950.000. A partir de allí, los acusados facilitaban el avance de los trámites hasta lograr, en algunos casos, la autorización de prestaciones, lo que generó el perjuicio económico.

La maniobra fue detectada por el propio organismo al advertirse irregularidades en expedientes. Mientras algunos trámites fueron frenados a tiempo, otros llegaron a completarse.

Medidas judiciales

El MPF solicitó la prisión preventiva por seis meses, argumentando riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. La causa fue declarada como asunto complejo por el plazo de un año.

En cuanto a las medidas dispuestas:

• Uno de los imputados cumplirá prisión preventiva bajo arresto domiciliario por dos meses con monitoreo electrónico.
• Los otros dos quedaron sujetos a reglas de conducta y una caución de $3 millones cada uno.

Sospechas y líneas de investigación

En paralelo, surgieron versiones que mencionan al dirigente Andrés Jaime, titular de ATEPySS, como una posible figura vinculada indirectamente a la maniobra. Estas hipótesis se basan en presuntos vínculos personales con uno de los imputados.

No obstante, hasta el momento no existe imputación formal ni medidas judiciales en su contra.

La investigación busca determinar si los acusados actuaron de manera individual o si existió algún tipo de connivencia dentro del organismo.

Investigación en curso

La causa continúa con el análisis de teléfonos secuestrados, cruces de llamadas y trazabilidad de expedientes, elementos considerados clave para establecer si hay más personas involucradas.

Por ahora, el foco está puesto en los tres imputados, aunque no se descarta que el caso pueda ampliarse a medida que avancen los peritajes.