Nuevo proyecto energético: el Gobierno avanza con recortes al gas y revisa beneficios en zonas frías
El Gobierno nacional trabaja en la elaboración de un nuevo proyecto de ley de carácter energético que tiene como ejes centrales la modificación del régimen de beneficios fiscales para energías renovables y una reestructuración profunda del esquema de «Zona Fría». El propósito fundamental de esta iniciativa es reducir el universo de hogares que perciben subsidios en sus facturas de gas a través de estos recortes, en un contexto de presión sobre las finanzas públicas y volatilidad en los precios internacionales de la energía debido a los conflictos en Oriente Medio.
Según información obtenida por fuentes consultadas por el diario Infobae, la propuesta busca retomar puntos del Capítulo XI del Presupuesto 2026 que no obtuvieron aprobación legislativa previa, lo que ha generado un clima de tensión con los mandatarios provinciales ante la posible quita de asistencias estatales en sus territorios.
La reforma técnica contempla sustituir normativas vigentes para que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se limite a financiar compensaciones en la región patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. Con este cambio, el oficialismo pretende revertir la ampliación de beneficios sancionada en 2021, la cual extendió los descuentos por parámetros bioambientales a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.
De acuerdo con los datos que maneja el sector oficial, esta expansión elevó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, alcanzando a casi la mitad de los usuarios residenciales del país que utilizan el fluido
El proyecto también incluye disposiciones para que la Secretaría de Energía determine las diferencias de ingresos de las distribuidoras eléctricas afectadas por leyes de emergencia. Mediante este mecanismo, el Poder Ejecutivo podría instruir a Cammesa para aplicar créditos que cancelen deudas de las empresas, siempre que estas desistan de reclamos judiciales contra el Estado.
Aunque el texto plantea una vigencia del régimen hasta diciembre de 2031 para otorgar previsibilidad, el enfoque principal reside en establecer un sistema de compensaciones basado en la equidad y el uso racional de este hidrocarburo. Pese a la relevancia de la medida para las metas fiscales, personas cercanas a las negociaciones indicaron a medios periodísticos que su presentación formal en el Congreso no sería inminente, lo que postergaría los cambios en la distribución de gas.

