Tucumán: detienen a responsables de concesionaria en Yerba Buena por presuntas estafas millonarias

La medida fue dispuesta por el juez Guillermo José Di Lella, del Centro Judicial Capital, a pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N°2, que solicitó allanamientos, detenciones y el secuestro de elementos vinculados a la causa.

Los imputados y la empresa investigada

La investigación involucra a Matías José Díaz Vier, Anabel García y Javier Alejandro Goitea, vinculados a la concesionaria DG Cars (también denominada DG Automotores), ubicada en avenida Solano Vera 945, en Yerba Buena.

Según la fiscalía, el lugar funcionaba como eje de una serie de operaciones comerciales que habrían sido utilizadas para cometer estafas bajo un “modus operandi” repetido.

Denuncias con un patrón común

El expediente principal (S-104861/2025) reúne al menos diez denuncias con características similares.

Uno de los casos citados es el de una mujer que adquirió una Ford Ranger mediante un crédito prendario por $11.520.000, además de un pago en efectivo. Sin embargo, el vehículo nunca fue entregado.

Según consta en la causa, la situación derivó en una presunta exigencia adicional de dinero. “La agencia se negó a entregar el vehículo, derivando en una extorsión de $4.000.000 por parte de un tercero”, señala la resolución judicial.

Otro caso describe a un hombre que entregó su Volkswagen Nivus libre de deuda a cambio de un Toyota Yaris que se encontraba prendado y en ejecución bancaria. Al reclamar, habría recibido amenazas por parte de uno de los imputados.

También se investiga la denuncia de un cliente que transfirió $3 millones como seña para la compra de un Ford Fiesta, operación que nunca se concretó.

De acuerdo con la investigación, los implicados habrían operado a través de distintas firmas vinculadas entre sí: DG Cars, DG Automotores, Credigroup S.A.S., Consulting Group S.A.S. y Credicar.

Allanamientos y secuestro de pruebas

El juez autorizó allanamientos simultáneos en domicilios vinculados a los acusados, ante el riesgo de ocultamiento de pruebas.

Durante los procedimientos se secuestraron:

• Contratos de compraventa y consignación
• Formularios 08 y títulos de propiedad
• Comprobantes de pago y registros contables
• Agendas de clientes
• Teléfonos celulares y computadoras

También se dispuso el secuestro de dinero en efectivo no justificado y de vehículos mencionados en las denuncias, con el objetivo de reconstruir el circuito de las operaciones.

La imputación

Los tres acusados fueron detenidos y están imputados por el delito de estafa (artículo 172 del Código Penal), que prevé penas de entre un mes y seis años de prisión para quienes defrauden mediante engaños o maniobras fraudulentas.

La defensa

El abogado defensor, Patricio Char, cuestionó la calificación penal y sostuvo que el conflicto debería encuadrarse en el ámbito comercial.

“En una Argentina golpeada por la crisis económica, no podemos confundir una estafa con un incumplimiento contractual”, afirmó.

Además, remarcó que para que exista delito debe probarse la intención fraudulenta: “El derecho penal exige dolo, no simplemente la imposibilidad de cumplir obligaciones”.

Cómo sigue la causa

La investigación está a cargo del fiscal Fernando Blanno, quien busca determinar el alcance total de las maniobras, el monto del perjuicio económico y la posible existencia de más víctimas.

No se descarta que surjan nuevas denuncias, ya que las operaciones investigadas se habrían extendido durante varios meses y bajo distintas modalidades.