Universidades vuelven a la calle: convocan a una nueva Marcha Federal por el financiamiento
Ante la profundización del conflicto presupuestario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anunció este martes la convocatoria a una nueva marcha nacional para el próximo 12 de mayo en Plaza de Mayo Según una nota de Ámbito, la medida, que surge como respuesta directa al bloqueo judicial que el Gobierno impuso sobre la ley universitaria de financiamiento, busca dar visibilidad al reclamo de las universidades nacionales.
Luego de que el Ejecutivo presentara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar el pago de los fondos establecidos por dicha normativa, las casas de altos estudios, junto a federaciones docentes como FEDUBA, CONADU y FATUN, decidieron retomar las protestas masivas en las calles para exigir el cumplimiento de lo votado en el Congreso.
El detonante principal de esta movilización fue el reciente envío de instructivos de liquidación salarial con un incremento unilateral del 1,7%, cifra que representa apenas la mitad de la última medición de inflación oficial del INDEC. Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, señaló que este ajuste es insuficiente y remarcó la necesidad de recomponer los ingresos de docentes y no docentes.
El dirigente gremial denunció además una falta de diálogo sistemática por parte de las autoridades nacionales, quienes no reciben a las federaciones desde hace 18 meses, limitando los contactos únicamente a reuniones con las autoridades de estos centros de estudios superiores
El conflicto se centra en la operativa de las universidades frente a la negativa del Estado a implementar la recomposición de haberes, aduciendo que estos pagos pondrían en riesgo el equilibrio fiscal. Mientras el Gobierno planea presentar un proyecto propio sin el consenso de estas universidades, la comunidad educativa apuesta a una convocatoria multitudinaria que emule el éxito de abril de 2024.
En un contexto de baja en la aceptación oficial según los últimos sondeos, los organizadores esperan que la presión de las universidades influya en la decisión final de la Justicia Federal sobre el futuro de la educación superior y la investigación científica en el país para sostener el funcionamiento de las instituciones académicas.

