Nueva pulseada por la ley de salud mental: el Gobierno envió la reforma al Senado
El Poder Ejecutivo Nacional formalizó el ingreso al Senado de un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental (N° 26.657), contando con el respaldo de las firmas del presidente Javier Milei y los ministros del Gobierno. La propuesta técnica introduce modificaciones en 26 artículos de la normativa actual y busca alterar el Código Civil y Comercial para agilizar los procesos de internación.
Una nota de La Nación destacó que el punto de quiebre de la iniciativa es el reemplazo del concepto de riesgo cierto e inminente por el de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física. Según se informó oficialmente tras un encuentro del Consejo Federal de Salud, este cambio en la Ley de Salud Mental pretende facilitar la asistencia oportuna y evitar situaciones de violencia o agresiones derivadas de la imposibilidad de recibir tratamiento a tiempo.
La reforma amplía el marco de la normativa de asistencia psiquiátrica hacia la prevención y reinserción, otorgando una mayor relevancia a la evaluación de los psiquiatras y permitiendo la integración de establecimientos especializados monovalentes en la red sanitaria. Ricardo Corral, quien preside la Asociación Argentina de Psiquiatras, citado por el medio de comunicación, señaló que la modificación devuelve la racionalidad clínica al permitir intervenciones antes de que ocurra una tragedia.
Por el contrario, desde una perspectiva crítica, el exdirector nacional de Salud Mental, Luciano Grasso, cuestionó si el problema real es la Ley de Salud Mental
El portal informativo agregó que el psiquiatra Hugo Cohen advirtió que la propuesta gubernamental para este estatuto de atención mental no aclara el financiamiento necesario para cubrir la alta demanda de pacientes que hoy no acceden a tratamientos. Mientras que profesionales como Nicolás Kerschen ven positivo que se dé mayor potestad a los equipos interdisciplinarios para evaluar la gravedad de cada caso, especialistas vinculados a la docencia universitaria subrayan que restringir decisiones a psiquiatras podría ser un obstáculo en zonas donde estos profesionales escasean.
Con el inicio del debate en las comisiones, se reabre una disputa histórica centrada en si la solución radica en cambiar el articulado de la Ley de Salud Mental o en ejecutar los recursos que el sistema demanda desde hace más de una década.
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