Manipulación del INDEC: bonistas presionan a Argentina para que pague 1800 millones de dólares
Sigue la polémica por la manipulación de los datos del INDEC que está siendo tratado por la Justicia de Londres y la novedad de este lunes es que un grupo de bonistas, quienes ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, reclamaron el cumplimiento de la sentencia firme obligando a Argentina a desembolsar 1800 millones de dólares.
La causa es conocida como «Cupón PBI» y quedó bajo la condición de inapelable en octubre de 2024, tras la decisión tomada por la Corte Suprema de Gran Bretaña de rechazar el caso dentro de su organismo. Argentina solo había abonado 300 millones hasta ese momento como garantía para apelar la medida final, pero el fallo sobre el INDEC fue ratificado y ahora los acreedores quieren cobrar mediante embargos, con una audiencia prevista en la Corte londinense.
El reclamo se produce en paralelo al acuerdo que el Gobierno envió al Congreso para saldar otra deuda con fondos Bainbridge y Attestor por el default de 2001. La asociación Exchange Bondholder Group felicitó a Javier Milei por avanzar en esa resolución, pero advirtió que aún resta cumplir con la sentencia londinense vinculada a los bonos ligados al PBI.
Los bonistas remarcan que aceptaron fuertes reducciones en el valor de sus títulos para apoyar a la Argentina en los canjes de 2005 y 2010, y también respaldaron la reestructuración de 2020. Sin embargo, sostienen que la manipulación del INDEC generó un perjuicio directo y que la sentencia debe cumplirse en su totalidad.
El comité directivo del grupo está integrado por grandes tenedores de deuda como HBK Investments, Monarch Alternative Capital, Paloma Partners, Pharo Management, Redwood Capital y VR Capital. De todos modos, los acreedores, bajo la asesoría del estudio Quinn Emanuel, anticipan que van a seguir presionando para que se pague la deuda según lo acordado.
Probation por juego ilegal en Salta: acuerdo judicial con organizadores de sorteos por WhatsApp
La Justicia de Salta alcanzó un acuerdo de probation por dos años con los responsables de organizar juegos de azar ilegales a través de grupos de WhatsApp. La investigación se inició tras denuncias de ciudadanos que participaron en sorteos no autorizados con premios vinculados a la pesca y la caza.
Los imputados deberán cumplir condiciones como asistir a talleres de concientización y realizar donaciones a entidades de bien público. Desde Enreja recordaron que la explotación de juegos de azar sin autorización es un delito penal y llamaron a la comunidad a denunciar estas prácticas.
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