Polémica por la ley de discapacidad: reempadronamiento masivo y cambios en pensiones
El Gobierno nacional formalizó ante el Congreso de la Nación el ingreso de un proyecto de ley titulado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, una iniciativa que busca reformar de manera integral la ley de discapacidad vigente. Un análisis de Infobae destacó que la propuesta oficialista apunta a modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793 mediante la derogación de artículos clave que garantizaban la universalidad de la asistencia, regresando a un esquema normativo previo.
En un contexto de reestructuración administrativa tras la supresión de la Agencia Nacional de Discapacidad, el Estado intenta establecer nuevos parámetros de acceso y control sobre esta normativa de inclusión. El eje central del texto establece la obligatoriedad de un reempadronamiento para todos los actuales beneficiarios, quienes deberán someterse a nuevas evaluaciones médicas y patrimoniales. La normativa advierte que la omisión de este trámite derivará en la interrupción inmediata de los pagos.
Para garantizar el cumplimiento del nuevo marco regulatorio especial, el Gobierno implementará un sistema de fiscalización que cruzará datos entre la ANSES y ARCA, facultando al Estado a aplicar suspensiones preventivas ante cualquier irregularidad detectada bajo la nueva ley de discapacidad.
En términos económicos, la iniciativa fija las pensiones no contributivas en un 70% de la jubilación mínima, suprimiendo adicionales por zona desfavorable. Asimismo, el texto endurece las condiciones de compatibilidad, prohibiendo que quienes perciban la ayuda mantengan empleos formales, eliminando también los incentivos previos para empresas que contrataban a personas con discapacidad.
La reforma también impacta en el financiamiento del sector, permitiendo convenios descentralizados con provincias que, en la práctica, desarticulan el nomenclador nacional de aranceles homogéneos. Al introducir estos nuevos mecanismos de gestión diferenciada, el sistema de prestaciones queda sujeto a negociaciones individuales con obras sociales y prepagas.
Con esta estrategia, el oficialismo busca asegurar un mayor control sobre el presupuesto destinado a la cobertura prestacional. Se prevé que la discusión en la Cámara alta genere fricciones con bloques aliados que anteriormente habían respaldado la normativa de emergencia. El texto aclara finalmente que el incumplimiento de los nuevos plazos de registro significará la baja definitiva del apoyo financiero asignado.

