493 días de impunidad: Rodolfo Burgos, el “violador en suspenso” que camina impune por Tucumán
A 493 días de la condena por abuso sexual infantil que luego fue anulada, Rodolfo Tercero Burgos continúa caminando libre por las calles de Tucumán, dictando clases universitarias y gozando de total impunidad.
En una fuerte entrevista con FM La Tucumana, Marina Moris, abogada y madre de la víctima, explicó los alcances del recurso de revocatoria presentado para frenar lo que denunció como un “blindaje judicial” a favor del que definió como “abogado estrella del Saabismo” y “oscuro lobista alias Ekeko”.
Moris detalló cómo una red de vínculos con la influyente familia Casas busca asfixiar la causa mediante tecnicismos procesales y dilaciones interminables.
El recurso contra el blindaje judicial
La madre de la menor interpuso un recurso de revocatoria contra el decreto del 6 de abril de 2026 que rechazó la ampliación de la nulidad. Según Moris, existe una unidad jurídica entre nulidad y recusación, ya que ambos planteos demuestran que la imparcialidad de la magistrada está viciada.
“Cuando las formas se utilizan para asfixiar el derecho sustancial, el sistema republicano degenera en una burocracia autocrática”, sentenció la letrada.
En la entrevista fue tajante: “Estamos hablando del caso de Rodolfo Burgos, condenado por abuso infantil, el violador en suspenso”. Denunció que el sistema judicial busca el agotamiento de la víctima: “Esto es lo que le ha salido redondo al condenado… el tiempo que va pasando es mucho más revictimizante para una menor”.
El rol del “Clan Casas”
Moris contextualizó el caso dentro de lo que denominó el “entramado de protección” de la familia Casas, una de las más influyentes en el ámbito judicial tucumano. Según su relato, este cl an ha funcionado históricamente como un escudo para Burgos.
La cercanía no es solo profesional: Burgos mantuvo una relación de pareja de doce años con Laura Casas (actual jueza de Impugnación) y fue impulsado en su carrera por el entonces juez federal Gabriel Casas, a quien Moris señala como su exsuegro.
En los momentos más críticos de la causa, la camarista Ester Valderrábano de Casas —esposa de Gabriel y madre de la vocal actualmente recusada— intentó forzar una revinculación de la niña con Burgos, a pesar de la imputación por abuso sexual que pesaba sobre él. Moris calificó estas maniobras como “tratos crueles y degradantes”.
Hoy el foco está puesto en la vocal María Florencia Casas, cuya imparcialidad es cuestionada no solo por ser hija de Gabriel y Ester, sino porque su marido es íntimo amigo de Burgos. Según el recurso, la magistrada llegó al extremo de “invisibilizar” a la menor en su sentencia.
“Yo le pregunto a los Casas si ellos mandarían a sus hijos o a sus nietos a que se metan en las sábanas de Burgos, porque mi hija no”, fustigó Moris.
Silencio cómplice del Colegio de Abogados
La denuncia también alcanza al Colegio de Abogados de Tucumán (CAT) y a su presidente, Alberto López Domínguez. Moris les reprocha un “silencio administrativo prolongado” ante el pedido de exclusión de la matrícula de Burgos.
“Planteé la inhabilidad moral de Rodolfo Burgos porque está condenado por abuso contra su propia hija. No solo no lo hicieron, sino que ocultaron información y me negaron datos, lo que me obligó a iniciar un juicio de habeas data”, afirmó.
Influencia en los medios: el caso de La Gaceta
Burgos también cuenta con protección mediática. Su estrecha amistad con Federico Van Mameren, jefe de redacción y dueño consorte de La Gaceta, habría influido en el escaso tratamiento que el diario dio al caso.
La relación entre ambos se remonta a sus años en el Gymnasium de la UNT y se fortaleció jugando tenis durante más de 30 años. Desde que Burgos fue contratado por la UNT en 2019 para ejercer la querella en la causa “Cerisola y otros”, el tema prácticamente desapareció de la agenda informativa de La Gaceta.
En una entrevista con Carlos Cazón, Van Mameren reconoció su vínculo personal con Burgos y explicó que, ante la denuncia en 2021, decidió no involucrarse: “Hagan lo que tengan que hacer”. Según su relato, comunicó formalmente a las máximas autoridades del diario que no participaría del tema para no “complicar” la situación.
Conclusión
Para Marina Moris, el caso trasciende lo personal y desnuda un vicio estructural de la Justicia tucumana: un entramado de poder que, lejos de proteger a la víctima, perfecciona “sentencias de pedofilia” para garantizar la impunidad del imputado.“Lejos de proteger a una niña están perfeccionando sentencias de pedofilia”, advirtió.El recurso de revocatoria exige que se aplique la perspectiva de niñez y se ponga fin a las maniobras que mantienen al “violador en suspenso” en libertad, dictando clases y caminando por Tucumán mientras la víctima sigue revictimizada por el paso del tiempo.
Fuente: El Tucumano
