Ley de Financiamiento Universitario: el Gobierno busca suspender la ley con un recurso en la Corte Suprema
La Casa Rosada volvió a plantear su rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario y presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar suspender su aplicación. El Ejecutivo sostiene que la norma carece de precisión sobre las partidas presupuestarias y las fuentes de financiamiento, lo que, según su interpretación, impide una ejecución inmediata sin riesgo de déficit.
El Gobierno ya había vetado la norma en 2025 y luego insistió en su postura cuando el Congreso la sancionó nuevamente siendo un golpe político para el oficialismo. En el decreto 647/2025, los equipos legales argumentaron que la Ley de Financiamiento Universitario debía quedar suspendida hasta que el Parlamento definiera las fuentes de financiamiento, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó esa posición y ordenó cumplir de inmediato con los artículos.
Pese a ese revés judicial, el Ejecutivo trasladó la discusión al máximo tribunal con el objetivo de ganar tiempo y adecuar la implementación a la disponibilidad presupuestaria. En paralelo, se analiza impulsar una nueva ley que modifique el costo fiscal de la normativa y permita discutir en el Congreso una salida con menor impacto en las cuentas públicas.
Fuentes oficiales aseguran que las partidas universitarias se actualizarán de manera mensual hasta fin de año, incorporando la adecuación al presupuesto 2026. La interpretación oficial es que se trata de una distribución progresiva de recursos y no de un desembolso único e inmediato, lo que mantiene abierta la discusión sobre los tiempos de ejecución.
El sistema universitario y sus actores creen que la erogación de la Ley de Financiamiento Universitario sea mensual y sin retroactivo pleno, aunque seguirá creciendo la incertidumbre hasta que la justicia se expida por la apelación judicial. De este modo, todos los focos están puestos en el máximo tribunal de justicia con el fin de revertir la sanción, además de tener entre sus manos también a la reforma laboral.
El Gobierno avanza con despidos y modernización en el Servicio Meteorológico Nacional
El Gobierno nacional anunció una reestructuración del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que incluye el despido de 140 empleados contratados y la implementación de un plan de modernización. La medida busca automatizar procesos, reducir costos y adecuar el organismo a estándares internacionales, tras detectar un sobredimensionamiento administrativo y atraso tecnológico en la red de observación.
El plan contempla reemplazar estaciones manuales por sistemas automáticos capaces de transmitir datos en tiempo real, con un ahorro estimado de 3,5 mil millones de pesos anuales. Mientras el Ejecutivo asegura que no se afectará el núcleo técnico ni la calidad del servicio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechaza la iniciativa y advierte que los despidos debilitan la capacidad operativa del SMN, generando un conflicto sindical en paralelo al proceso de reforma.
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