La causa contra Manuel Adorni se profundiza: la Justicia accede a sus cuentas y movimientos financieros
En un giro determinante para la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La resolución de la justicia federal busca examinar minuciosamente la evolución patrimonial de la pareja tras detectarse una serie de erogaciones que podrían resultar inconsistentes con sus ingresos declarados.
Entre los elementos que impulsaron esta medida, se destaca la confirmación de que la Jefatura de Gabinete costeó el pasaje de regreso del funcionario desde Nueva York por casi 5.000 dólares en clase ejecutiva, tras prolongar su estadía oficial por motivos personales. La investigación, que analiza cuentas y registros desde que el portavoz del Ejecutivo asumió la función pública, pone bajo la lupa los movimientos financieros de un entorno que, según la fiscalía, exhibe un estilo de vida de alto costo en este abril de 2026.
La pesquisa liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, según reportó Página 12, intenta determinar si el patrimonio de la familia puede justificar desembolsos que superan ampliamente sus ahorros declarados de 48.700 dólares. El expediente judicial acumula pruebas sobre adquisiciones inmobiliarias recientes de Manuel Adorni, incluyendo una propiedad en un exclusivo club de campo y un departamento de 200 metros cuadrados en Caballito, este último obtenido mediante una financiación de 200.000 dólares sin intereses otorgada por las vendedoras.
A esto se suman registros de viajes internacionales a destinos como Aruba, Punta del Este en vuelos privados y la reciente travesía por Estados Unidos, donde el costo total de los pasajes de retorno de la pareja ascendió a 10.000 dólares. El magistrado busca cotejar estos gastos con el salario del funcionario público, el cual se mantuvo congelado durante un extenso periodo.
Para profundizar el análisis, el Gobierno deberá aportar información a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero sobre los activos y consumos de los involucrados. El avance judicial también contempla la declaración de múltiples testigos, enfocándose en la situación de Manuel Adorni y una escribana cuyas afirmaciones previas señalaron la falta de antecedentes inmobiliarios del funcionario antes de ingresar al Estado.
En las próximas semanas, la justicia tomará testimonio a intermediarios inmobiliarios, encargados de edificios y antiguos propietarios de los inmuebles adquiridos para verificar las condiciones de compra. El objetivo final de estas diligencias es esclarecer si existió un incremento patrimonial injustificado por parte de Manuel Adorni, analizando desde el uso de tarjetas de crédito y billeteras virtuales hasta la legalidad de los préstamos privados recibidos para financiar sus operaciones habitacionales.


