Paro de colectivos: el Gobierno asegura que pagó los subsidios y advierte con sanciones a las empresas
Ante la reducción de frecuencias detectada en diversas líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires y la amenaza de un paro, el Gobierno nacional ratificó que el Estado ya cumplió con el desembolso de las compensaciones tarifarias correspondientes al cuarto día hábil de abril de 2026. A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Transporte informó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte se encuentra fiscalizando la prestación de los servicios para identificar mermas en la cantidad de unidades en circulación.
El Ejecutivo advirtió que aplicará sanciones económicas severas a las prestatarias que incumplan con los cronogramas habituales, recordando que las multas pueden oscilar entre los 500 y los 15.000 boletos mínimos, e incluso se contempla la caducidad de los permisos de explotación en casos de abandono de estos ómnibus por interrupciones reiteradas.
Por su parte, el sector empresario, representado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, alertó sobre una crisis financiera extrema motivada por el incremento en el precio del gasoil y la exigencia de pago al contado por parte de las petroleras. Según los transportistas, este escenario los obligó a implementar una readecuación operativa de emergencia debido a que los fondos recibidos no alcanzan para cubrir el alza de los insumos básicos de los colectivos, que representan el 15% de su estructura de costos.
A esta tensión se suma el reclamo de la administración de la Provincia de Buenos Aires; el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, señaló durante una entrevista con Infobae en Vivo que la Nación mantiene una deuda de 46.000 millones de pesos de meses anteriores, lo que limita la capacidad de respuesta de estas unidades de transporte público
Para evitar la paralización total del transporte, el Ejecutivo provincial decidió adelantar el 60% de los subsidios de abril, una medida excepcional destinada a prevenir la quiebra de las firmas locales. Marinucci subrayó que el riesgo inminente es la desaparición de recorridos y la pérdida de conectividad para miles de ciudadanos si no se logra un equilibrio entre el financiamiento estatal y los gastos de explotación de los colectivos.
En este contexto de incertidumbre, donde también se discute la falta de coparticipación del impuesto al combustible recaudado por Nación, las autoridades nacionales mantienen la presión sobre las cámaras para normalizar las frecuencias bajo amenaza de quita de licencias, mientras los usuarios enfrentan esperas prolongadas ante la amenaza latente de un cese de actividades encubierto.
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