Grave denuncia en Pilar: investigan a médicos por presunta inhabilitación y posible ejercicio ilegal

Grave denuncia en Pilar: investigan a médicos por presunta inhabilitación y posible ejercicio ilegal

Una denuncia formal presentada ante el Colegio Público de Médicos del Distrito V encendió las alarmas sobre la situación de dos profesionales que actualmente se desempeñarían en la Clínica Fátima, ubicada en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires.

La presentación fue realizada el pasado 5 de marzo de 2026 por Roxana D’Angelo, quien solicitó que se investigue en profundidad la situación administrativa de los médicos Eduardo Segundo Lafourcade y Leoncio Gaspar Ridolfi. Según consta en el escrito, ambos profesionales no habrían cumplido con el proceso de rematriculación obligatoria exigido por la normativa sanitaria vigente en su momento.

De acuerdo a la denuncia, dicha obligación surgía de las Resoluciones Ministeriales 404/08 y 548/16, que posteriormente fueron derogadas por la Resolución 3320/24. En ese contexto, se señala que aquellos profesionales que no realizaron el trámite correspondiente registran una baja administrativa de matrícula desde el 1 de agosto de 2023, lo que implicaría su inhabilitación para ejercer legalmente la medicina dentro de la jurisdicción.

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La denunciante advierte que, en caso de confirmarse que ambos médicos continúan prestando servicios en la clínica pese a esta situación registral, podría configurarse un escenario de ejercicio irregular de la profesión, además de una posible vulneración de la normativa sanitaria vigente.

El caso adquiere especial relevancia por su vinculación con una situación médica puntual relacionada con Katerina Ayelén Azor. En ese sentido, la presentación remarca la necesidad de garantizar “absoluta legalidad, idoneidad y transparencia” en cualquier tipo de intervención o atención médica.

A partir de esta denuncia, se solicitó al Colegio de Médicos que actúe con carácter urgente para verificar la situación administrativa de los profesionales involucrados, determinar si se encuentran efectivamente habilitados para ejercer, confirmar si la institución realizó los controles correspondientes y, en caso de detectarse irregularidades, avanzar con el inicio de un sumario disciplinario.

La presentación fue acompañada por documentación respaldatoria, incorporada como anexo ante la autoridad sanitaria, lo que podría resultar clave para el avance de la investigación.

Por el momento, se aguarda una respuesta oficial por parte de las autoridades competentes, en un caso que podría tener importantes implicancias tanto en el ámbito profesional como en la seguridad de los pacientes.

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