Diputados dio media sanción al proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad a 14 años
La Cámara de Diputados aprobó este jueves el nuevo Régimen Penal Juvenil, logrando una contundente media sanción con 149 votos afirmativos frente a 100 negativos para bajar la edad de imputabilidad. La iniciativa consiguió el respaldo de La Libertad Avanza junto al PRO, la UCR, el MID y diversos bloques provinciales.
El eje central de la reforma establece el descenso del límite de punibilidad de los 16 a los 14 años y fija un tope de 15 años de prisión para crímenes de extrema gravedad. Durante el inicio del debate, la diputada Laura Rodríguez Machado fundamentó la urgencia del cambio al sostener que la normativa de 1980 «no previene, no resocializa y no repara», dejando a las víctimas sin respuestas.
La sesión estuvo marcada por una fractura en el bloque peronista. Mientras Unión por la Patria rechazó la medida en general, los legisladores del Frente Renovador se distanciaron para avalar la reducción de la minoridad penal, argumentando coherencia con la posición histórica de su espacio.
En contrapartida, Juan Grabois criticó la falta de un abordaje integral, señalando que el problema no se resuelve al bajar la edad de imputabilidad, sino atendiendo la salud mental. Por su parte, el diputado Santiago Santurio defendió la responsabilidad penal como una función prioritaria del Estado para evitar que los delitos graves queden impunes, ante la mirada de familiares de víctimas presentes en los palcos.
Para garantizar la viabilidad del sistema, el Ejecutivo incorporó un presupuesto superior a los 23.700 millones de pesos. Este financiamiento busca sostener la creación de institutos especializados con personal capacitado, donde se prohíbe estrictamente la convivencia de menores con adultos. No obstante, Miguel Ángel Pichetto advirtió que la medida de bajar la edad de imputabilidad será insuficiente sin inversión en educación, calificándola de «humo para la tribuna» si continúa el ajuste social.
El nuevo esquema también introduce mecanismos de mediación para infracciones leves y un reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas. Con el visto bueno de la Cámara Baja, el oficialismo apunta ahora a una sanción definitiva en el Senado antes de que concluya el periodo de sesiones extraordinarias, buscando consolidar este nuevo paradigma.



