El Gobierno confirmó una nueva licitación para concesionar rutas nacionales: todos los detalles
El Ministerio de Economía oficializó el lanzamiento de una licitación pública, de alcance nacional e internacional, para transferir al sector privado la operatividad de la denominada Fase “B” de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones. El anuncio, anticipado por el ministro Luis Caputo a través de redes sociales, contempla la construcción, administración y mantenimiento de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales consideradas estratégicas para la logística del país.
Este nuevo esquema busca sustituir el actual modelo de gestión estatal, al que el Ejecutivo califica de deficitario, por un sistema basado en la eficiencia privada, la transparencia y, fundamentalmente, la eliminación total de los subsidios estatales para el sostenimiento de la infraestructura vial.
El proyecto abarca trazas distribuidas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis, organizadas técnicamente en cuatro grandes unidades de gestión. Entre ellas destaca el tramo Mediterráneo, con 672 kilómetros que atraviesan el núcleo productivo central por diversas rutas nacionales; el tramo Puntano, de 720 kilómetros especializado en transporte de cargas de larga distancia; y los corredores Portuario Sur (637 km) y Portuario Norte (528 km), diseñados para optimizar el flujo hacia los nodos logísticos e industriales.
Las intervenciones se realizarán sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, sumando además los accesos estratégicos A005 y A008.Esta nueva fase se integra al proceso iniciado en 2025 con la Red Federal de Concesiones, programa que ya tuvo su primer hito en noviembre pasado con la apertura de sobres económicos de la Etapa I, enfocada en los corredores viales del Mercosur.
Según la información proporcionada por el titular de la cartera económica, el objetivo primordial es fomentar la inversión privada para modernizar la red caminera federal sin comprometer los recursos del tesoro nacional. Bajo las normas vigentes de obra pública, los pliegos establecerán contratos de largo plazo con reglas claras para los operadores, quienes deberán cumplir con estándares de servicio y mantenimiento sin recurrir al auxilio financiero del Estado.


