El Gobierno reaviva una polémica compra de submarinos a un astillero francés marcado por escándalos internacionales
En un movimiento que busca poner fin a la inactividad de la fuerza naval tras el hundimiento del ARA San Juan en 2017, el presidente Javier Milei confirmó la decisión política de avanzar en la compra de tres submarinos clase Scorpène, en medio de un escenario marcado por denuncias de corrupción.
Según una nota de Ámbito, la operación, que también incluye cuatro lanchas OPV para Prefectura por un monto global cercano a los 2.000 millones de dólares, se llevará a cabo con la firma francesa Naval Group. Sin embargo, la transacción reaviva una fuerte polémica debido al extenso historial de irregularidades del fabricante, que en 2017 encabezó el ranking mundial de irregularidades en el sector militar. Las sospechas sobre esta empresa incluyen una red sistemática de sobornos documentada en países como Pakistán, Malasia, India y Brasil, este último vinculado al escándalo del Lava Jato.
El proyecto de equipamiento, cuyas negociaciones se originaron durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad, se retoma tras un encuentro bilateral entre Milei y Emmanuel Macron para adquirir estos sumergibles. A pesar del bloque discursivo oficialista, la operación ha generado cuestionamientos internos, especialmente por el direccionamiento de las licitaciones y la elección de un astillero marcado por la «naturaleza rutinaria de sus prebendas».
Precisó el portal informativo que según investigaciones internacionales y registros judiciales, el fabricante (anteriormente conocido como DCNS) habría desviado entre el 8% y el 10% del valor de sus contratos para el pago de comisiones ilegales a funcionarios políticos.
La implementación del contrato prevé una colaboración con el astillero marplatense SPI, aunque expertos del sector naval dudan de la capacidad física de la infraestructura nacional para procesar tal magnitud de obra en estos navíos de profundidad. A su vez, Argentina ha comenzado a ejecutar financiamiento externo para otras áreas de defensa, como la compra de helicópteros navales por 71 millones de euros mediante créditos europeos.
Mientras el Gobierno apuesta a este reequipamiento estratégico para recuperar la soberanía en el Mar Argentino con estos submarinos, el historial de Naval Group, que incluye filtraciones de planos de combate y causas penales contra sus exejecutivos, mantiene en alerta a la opinión pública sobre los riesgos de retornos que históricamente han rodeado a las ventas armamentísticas de esta firma.
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