Tensión con los gobernadores: la coparticipación cayó 7,5% en enero por la baja de Ganancias
El inicio de 2026 ha profundizado el conflicto fiscal entre la Casa Rosada y los gobernadores, luego de que las transferencias por coparticipación federal registraran una contracción real del 7,5% durante enero. Este retroceso financiero, enmarcado en un escenario de baja actividad y consumo, se explica principalmente por el desplome del 11,3% en la recaudación del IVA, según una nota de TN basada en el análisis técnico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y Politikon Chaco, esta caída se suma al estancamiento de otros tributos nacionales y la merma en ganancias.
Ante este panorama, los mandatarios provinciales han condicionado su respaldo legislativo a la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza. El nudo del conflicto radica en que el proyecto oficial propone reducciones en el impuesto a las sociedades, lo que, según estimaciones técnicas, podría sustraer unos $1,7 billones de las arcas provinciales a lo largo del año, afectando con mayor severidad a distritos como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Destacó el portal informativo que la negociación política se ha vuelto transaccional ya que los gobernadores exigen mecanismos de compensación que amortigüen la pérdida de recursos antes de dar luz verde a los cambios en la normativa laboral. Entre las alternativas propuestas por los líderes provinciales figura la posibilidad de volver a coparticipar el impuesto al cheque y la reactivación de obras de infraestructura estratégica que permanecen paralizadas.
Estos jefes territoriales considerados «dialoguistas» han advertido que no pueden seguir resignando fondos sin poner en riesgo los servicios esenciales de sus jurisdicciones. La resistencia es transversal; mientras algunos gobernadores del norte endurecen su postura, los bloques de Provincias Unidas demandan un debate legislativo pormenorizado y sin urgencias, priorizando la sostenibilidad de sus finanzas locales por sobre el cronograma del Ejecutivo nacional.
La fragilidad financiera de las provincias se agrava por el recorte drástico de los envíos no automáticos, que en enero sufrieron una caída real cercana al 65%. Este ajuste en las transferencias discrecionales, que alcanzaron mínimos históricos, deja a las administraciones del interior con un margen de maniobra extremadamente acotado, considerando que los recursos nacionales representan, en promedio, más de la mitad de sus ingresos totales.
Sin el auxilio de impuestos no coparticipables que actúen como contrapeso, el deterioro del IVA impacta de lleno en el corazón de la recaudación compartida que administran los gobernadores. Este escenario de presión triple sitúa a la reforma laboral en un terreno de alta incertidumbre parlamentaria, donde la llave del acuerdo sigue siendo el auxilio fiscal a las gobernaciones.



