El Gobierno ordena una auditoría en Transporte y revisa transferencias a empresas
Tras la dimisión de Luis Pierrini al frente de la Secretaría de Transporte, el gobierno nacional inició una auditoría exhaustiva del sistema de compensaciones económicas que derivó en la retención provisoria de fondos para las firmas donde se hallaron anomalías. La medida, impulsada bajo la gestión del nuevo secretario Fernando Herrmann y el coordinador Carlos Frugoni, busca fiscalizar técnicamente la operatividad del servicio en el AMBA.
De esta manera, el flujo de subsidios quedará interrumpido de forma transitoria para las compañías bajo sospecha hasta que finalicen las evaluaciones de los organismos de control. El proceso incluye una instrucción directa a la Dirección de Fondos Fiduciarios para auditar íntegramente el sistema SUBE, herramienta clave para la asignación de recursos estatales.
La investigación tuvo su origen en una denuncia judicial por una presunta manipulación de datos en las validadoras de pasajes que habría favorecido a una empresa con aproximadamente $30.000 millones. Según la acusación de la firma MONSA, se habrían alterado los parámetros para captar una mayor porción de las partidas públicas en el sector del transporte, maniobra sobre la cual cuatro cámaras ya habían alertado sin obtener respuestas.
Ante este escenario, el Estado busca ahora detectar desvíos mediante informes de Nación Servicios S.A. y la CNRT, sumando inspecciones presenciales en las unidades para verificar que los datos declarados coincidan con la realidad del servicio prestado por los transportistas.
Este endurecimiento en los controles pretende garantizar que el reparto de las compensaciones se ajuste a la normativa, aportando transparencia al uso del erario público en la movilidad urbana. La revisión alcanzará a la totalidad del parque automotor para prevenir futuras irregularidades.
Aunque la salida del anterior secretario fue adjudicada a motivos personales, la cúpula económica aceleró estas medidas para responder a las denuncias de falta de intervención ante el presunto mecanismo irregular en el transporte público. El éxito de esta fiscalización sobre la logística de pasajeros determinará la regularización de los pagos para las empresas que logren acreditar un funcionamiento transparente dentro del sistema.
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