La Justicia investiga el grado de participación del Banco Central en maniobras con el dólar blue
La Justicia Federal, bajo la conducción del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, profundiza una investigación penal para determinar el nivel de connivencia de funcionarios del Banco Central en operaciones ilegales con el dólar blue. El expediente se centra en las confesiones grabadas de los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque, quienes admitieron haber realizado maniobras millonarias en el mercado informal durante la vigencia del cepo cambiario.
Actualmente, cinco integrantes de la autoridad monetaria, identificados como Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández, se encuentran imputados, y sus dispositivos electrónicos han sido secuestrados para peritajes que buscan esclarecer si existió una red de protección oficial para estas actividades ilícitas.
La causa cobró impulso tras la difusión de audios en los que Romina García, inspectora del organismo, sugiere que existía conocimiento y complicidad de jerarquías superiores en estas operaciones. Los investigadores sospechan que el Banco Central pudo haber facilitado mecanismos para que ciertos empresarios accedieran a divisas al valor oficial para luego canalizarlas al mercado paralelo, obteniendo ganancias siderales.
Según una nota de La Nación, en las grabaciones, los financistas discuten deudas de hasta 6 millones de dólares y mencionan la adquisición de bienes de lujo producto del denominado «rulo» cambiario. Mientras tanto, el Banco Central
El entramado judicial también involucra denuncias de extorsión y el armado de causas falsas, donde un policía arrepentido aportó pruebas sobre los intentos de Piccirillo por involucrar a su socio en delitos federales. A la par del proceso que lidera Casanello, la jueza María Servini tramita un segundo expediente relacionado con irregularidades en el mercado cambiario detectadas desde 2023, lo que ha derivado en allanamientos simultáneos en diversas cuevas financieras.
La investigación sobre el Banco Central busca ahora romper las claves de acceso de los teléfonos secuestrados para confirmar si el ente regulador financiero operaba bajo un sistema de beneficios selectivos que permitía la expansión de la ilegalidad con el aval de funcionarios de la gestión anterior.

