El régimen de Nicolás Maduro liberó este jueves a 87 presos políticos que permanecían detenidos en la cárcel de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua. La medida fue confirmada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, una de las organizaciones que sigue de cerca la situación de los detenidos por razones políticas en el país caribeño.

Según detalló la ONG, se trata de personas arrestadas durante las movilizaciones postelectorales, en un contexto de represión que fue denunciado por organismos internacionales de derechos humanos. La excarcelación se suma a otra liberación previa, ocurrida durante las celebraciones de Navidad, cuando el chavismo permitió la salida de 71 presos políticos.

Desde el Comité aclararon, sin embargo, que la medida es parcial y no resuelve el problema de fondo. “Es una libertad limitada, porque muchos continúan sometidos a procesos judiciales, con medidas cautelares, y todavía hay numerosos familiares que siguen privados arbitrariamente de su libertad”, señalaron en un comunicado.

En ese marco, volvieron a reclamar una amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela.

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La decisión del régimen de Maduro se produce en medio de una escalada de presión internacional encabezada por el gobierno de Estados Unidos. En las últimas semanas, la administración de Donald Trump endureció su postura contra el chavismo, al que acusa de estar vinculado al narcotráfico a través del llamado “Cartel de los Soles”.

Washington avanzó con nuevas sanciones contra cuatro empresas que operan en el sector petrolero venezolano y ordenó el bloqueo de buques asociados a la exportación de crudo. Además, el Departamento del Tesoro identificó y congeló activos vinculados a petroleros que forman parte de la denominada “flota fantasma” utilizada para eludir sanciones internacionales.

En paralelo, el Gobierno norteamericano desplegó una mayor presencia militar en el Caribe, con buques y aeronaves destinadas a interceptar embarcaciones sospechadas de tráfico de drogas. Estas operaciones generaron fuertes críticas de organizaciones humanitarias, que denunciaron posibles ejecuciones extrajudiciales durante los operativos.

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Desde Caracas, el gobierno de Maduro rechazó las acusaciones y volvió a denunciar un supuesto plan de Washington para desestabilizar al país y apropiarse de sus reservas petroleras. El mandatario venezolano negó cualquier vínculo con el narcotráfico.