El Gobierno de Benjamín Netanyahu anunció que a partir del 1 de enero Israel suspenderá los permisos para operar en la Franja de Gaza a más de dos docenas de organizaciones humanitarias, incluida Médicos Sin Fronteras (MSF) y Cáritas.

Así lo informó Tel Aviv, que de este modo dejará afuera al 15% de las ONG por no cumplir con sus nuevas condiciones de evaluación. A principios de este año, Israel cambió el proceso de registro para grupos de ayuda, lo que incluyó un requisito para presentar una lista de personal, incluidos palestinos en Gaza.

Sin embargo, algunas organizaciones no presentaron el listado del personal palestino por temor a que sean blancos de Israel y por las leyes de protección de datos en Europa. “Proviene de una perspectiva legal y de seguridad. En Gaza, vimos a cientos de trabajadores humanitarios ser asesinados”, explicó Shaina Low, asesora de comunicaciones para el Consejo Noruego para Refugiados.

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A pesar de esos argumentos, el Ministerio de Asuntos de la Diáspora acusó a estas ONG de no compartir información suficiente sobre su personal, financiamiento y operaciones, por lo que el Gobierno avanzó con la revocación de las licencias desde el 1 de enero en el territorio palestino, y aquellas organizaciones que estén en el país israelí deberán irse antes de 1 de marzo.

Además de la suspensión del permiso a Médico Sin Fronteras y Cáritas, también se les quitó al Consejo Noruego para Refugiados, CARE International, al Comité Internacional de Rescate y Oxfam.

Estas entidades brindan una amplia gama de servicios esenciales, que incluyen distribución de alimentos, atención médica, asistencia a personas con discapacidad, educación y apoyo en salud mental.

Las organizaciones internacionales cuestionaron duramente la decisión y advirtieron que las nuevas normas impuestas por Israel son arbitrarias y podrían poner en riesgo al personal humanitario sobre el terreno.

Desacuerdo por el volumen de alimentos que ingresa a Gaza

La decisión de Israel se enmarca en la polémica sobre la entrada de ayuda humanitaria, considerada insuficiente por muchas ONG frente a las necesidades de más de dos millones de habitantes en Gaza.

El Gobierno israelí sostiene que cumple con los compromisos establecidos en el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, mientras que las ONG cuestionan esas cifras y advierten que los suministros siguen siendo insuficientes.

Este mes la ONU declaró el fin de la hambruna en Gaza, aunque advirtió que el enclave costero palestino enfrenta aún niveles altos de inseguridad alimentaria y la situación es «crítica». Las agencias de la ONU afirmaron que, a pesar del retroceso del hambre, la desnutrición, las enfermedades y la destrucción agrícola siguen siendo «alarmantemente elevadas».

Israel persigue a la agencia de refugiados de la ONU

A su vez, el Parlamento israelí aprobó una reforma que despoja a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) de su inmunidad y autoriza la expropiación de sus locales en Jerusalén Este, así como el corte de suministros esenciales.

La agencia de la ONU, que asiste a 5,9 millones de refugiados palestinos, calificó la medida de “ilegal e impactante a nivel mundial”. La ley permite al Estado embargar bienes de la UNRWA y suspender servicios básicos, telecomunicaciones y financieros, con ejecución a cargo del Ejército y la Policía israelí.

Esta decisión aumenta la tensión sobre la presencia y operación de organismos internacionales en territorios palestinos bajo control israelí, en un contexto en el que la ayuda humanitaria sigue siendo vital.

LM/ML