La Justicia federal, a cargo del juez subrogante Luis Armella, ordenó este martes una serie de allanamientos en el marco de la causa conocida como Sur Finanzas, que incluyó la sede de la AFA, su predio en Ezeiza y operativos en 17 clubes del fútbol argentino. El juez dispuso los procedimientos con apoyo de la Policía Federal y la DGI, en una investigación que busca documentación sobre contratos de sponsoreo, préstamos y movimientos financieros vinculados con la financiera que está bajo la lupa.
La nómina de instituciones alcanzadas por los mandatos judiciales incluyó a la AFA y su predio bonaerense, además de clubes como Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Barracas Central, Platense, Los Andes, Temperley, Brown de Adrogué, Deportivo Morón, Excursionistas, Club Armenio, Acassuso, Defensores de Glew y el Club Atlético Recreativo Estrella del Sur, entre otros domicilios vinculados. Los cronistas que cubrieron los operativos detallaron 33 allanamientos ordenados por Armella.
La hipótesis fiscal que motorizó los procedimientos fue explicada por la fiscal federal Cecilia Incardona ante el juzgado: la pesquisa busca «documentación vinculada a movimientos financieros, contratos de sponsoreo y préstamos relacionados con la empresa», y la fiscalía planteó que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield” y entidades jurídicas vinculadas que habrían utilizado servicios de pago para “colocar ganancias ilícitas”. Esa línea de investigación es central para entender por qué se procuró documentación en tantas sedes institucionales.
Frente a los operativos, algunos clubes y dirigentes salieron a dar explicaciones públicas. En el caso de Banfield, el presidente Matías Mariotto negó vínculos con Sur Finanzas y afirmó que la investigación está mezclando hechos de distintas gestiones: “Por la experiencia que tengo, te aseguro que están mezclando todo”, declaró en su exposición a la prensa al responder por los procedimientos en la sede del club, recordando que su ingreso como titular de la entidad ocurrió este año. Las fuentes judiciales, en cambio, señalaron que el expediente parte de operaciones anteriores y de movimientos que el Ministerio Público federal busca trazar.
Hasta el momento, la investigación mencionó a la financiera vinculada a personas cercanas a Claudio “Chiqui” Tapia y a operadores institucionales del fútbol, como el tesorero Pablo Toviggino. Por eso la diligencia incluyó, además de clubes, domicilios particulares y oficinas comerciales donde se habrían gestionado contratos y servicios de pago.
Para comprender “quiénes manejan” los clubes allanados, la investigación recurre a las comisiones directivas y a las autoridades formales de cada entidad. En clubes de Primera y de ascenso hay, en la mayoría de los casos, presidentes y comisiones directivas que aparecen en los registros oficiales y en los sitios institucionales: por ejemplo, Racing Club aparece bajo la presidencia de Diego Milito; Barracas Central figura con Matías Tapia como presidente; Independiente tiene a Néstor Grindetti como presidente; y San Lorenzo retomó a Marcelo Moretti en la conducción del club, según las páginas oficiales y comunicados recientes.
Argentinos Juniors cuenta como principal dirigente a Cristian Malaspina, cargo desde el cual también integra espacios en la AFA, mientras que Banfield confirmó a Mariotto como su máxima autoridad y emitió comunicaciones públicas institucionales para despegar a la actual conducción de imputaciones formuladas sobre operaciones de ejercicios anteriores. Esa verificación documental proviene tanto de los sitios de los clubes como de notas periodísticas que cubrieron las reacciones oficiales.
Las fuentes consultadas coinciden en que la instrucción judicial pretende rastrear el flujo del dinero entre una empresa de servicios de pago, Sur Finanzas, y las entidades deportivas. Hasta ahora, los clubes comprometidos relataron que los allanamientos incluyeron secuestro de documentación contable y dispositivos electrónicos. El juzgado de Armella y la fiscalía a cargo no han anticipado medidas cautelares contra dirigentes que figuran en la investigación. Los voceros judiciales indicaron que el objetivo inmediato es formar un mapa documental que permita determinar si hubo maniobras de blanqueo a través de contratos, fideicomisos y servicios de pago.
