El Tribunal de Cuentas (TC) amplía la denuncia penal contra el interventor José César Díaz por una deuda millonaria y «deliberada». Los fondos, destinados por ley a la salud de los tucumanos, fueron retenidos sistemáticamente durante cuatro años, justo en el pico de la emergencia por COVID y dengue.

El escándalo en la Caja Popular de Ahorros (CPA) no tiene fin. La investigación sobre la opacidad financiera ahora revela una maniobra de gravedad institucional extrema: la retención de miles de millones de pesos destinados por ley al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA).

Según el lapidario Acuerdo N.º 5183, el Tribunal de Cuentas (TC) ha confirmado que, entre 2020 y 2023, la CPA, bajo la gestión del interventor José César Díaz, incumplió sistemáticamente la Ley N.º 5.115, privando a la salud pública de recursos esenciales.

LA DEUDA DE LA MUERTE: $3.381 MILLONES FALTANTES

La auditoría del TC es contundente y cuantifica el perjuicio: una deuda de $3.381.104.038. Este monto corresponde a la falta de transferencia oportuna del 25% del resultado bruto del sector juegos y una suma fija mensual.

El agravante, que el TC considera de “especial gravedad institucional”, es el timing de la maniobra:

El incumplimiento se produjo durante los años 2020 a 2023, en plena emergencia sanitaria por COVID-19 y dengue, cuando el sistema de salud provincial necesitaba con urgencia los fondos.

El Tribunal no lo considera un «error contable», sino una “acción deliberada y prolongada que perjudicó el interés público”. En términos claros: se le quitó dinero a la salud y a la vida de los tucumanos.

PAGOS SOSPECHOSOS Y SIN CONTROL

La CPA solo reaccionó cuando se sintió acorralada. Las transferencias de fondos se realizaron recién después de que el TC iniciara un Juicio de Responsabilidad y presentara la denuncia penal en junio de 2024.

• Paga tarde y mal: El primer pago de $588 millones se concretó cinco meses después de la denuncia y fue imputado unilateralmente por la Caja, sin la conformidad del SIPROSA.
• Caos e Impunidad: El Tribunal advierte que el SIPROSA nunca otorgó conformidad ni verificó los montos transferidos. La Contaduría General corroboró que los depósitos se hicieron sin base técnica validada.

La disparidad de números entre la CPA y el organismo de salud es tal que la Co-Instructora Contable del TC no puede emitir una conclusión final, lo que subraya la opacidad absoluta de la gestión de Díaz.

EL TC VA POR MÁS: MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

El Acuerdo 5183 transforma la falta de transferencia en un asunto penal. El Tribunal sostiene que la conducta del interventor configura una retención indebida de caudales públicos que encuadra en los delitos de violación de deberes de funcionario público y, lo más grave, malversación o retención indebida (Art. 260 del Código Penal).

Por ello, el TC resolvió ampliar la denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Complejos. La maniobra ya no se limita al desvío de chapas (como se vio en la nota anterior), sino a una gigantesca defraudación al sistema de salud.

Análisis: No se puede ser más cínico: mientras los tucumanos luchaban por conseguir una cama, oxígeno o insumos básicos en plena crisis sanitaria, la Caja Popular de Ahorros se habría convertido en una caja de retención de fondos vitales. El Tribunal de Cuentas ha certificado que la conducta fue deliberada y con un impacto directo en la salud pública. Los pagos tardíos y sin control solo confirman la intención de tapar el agujero a última hora. Este caso no puede quedar solo en una denuncia penal; el TC debe garantizar el resarcimiento total e inmediato de cada peso que la CPA le arrebató a los hospitales. La deuda de la CPA es con la vida de los tucumanos.