Este sábado se cumplen 11 años desde que Brittany Maynard decidió que el momento de morir había llegado. El 1 de noviembre de 2014, en su casa de Portland (Oregón), acompañada por su familia y haciendo uso de la ley de “muerte con dignidad” que rige en ese estado, la joven de 29 años consumió un cóctel de medicamentos prescritos que le pusieron fin a su vida.

Maynard había nacido el 19 de noviembre de 1984 en Anaheim, California. Estudió Psicología en la Universidad de California en Berkeley y luego obtuvo una maestría en Educación. A comienzos de 2014 comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza y otros síntomas neurológicos que la llevaron a realizarse estudios médicos.

Los resultados fueron inesperados: los especialistas le comunicaron que padecía un tumor cerebral terminal incurable, y que le quedaban, como máximo, seis meses de vida. Además, le advirtieron que los dolores no disminuirían, sino que aumentarían progresivamente, extendiéndose por todo su cuerpo e incluso le provocarían la pérdida total de la conciencia.

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Ante ese diagnóstico, Brittany y su esposo, Dan Diaz, con quien se había casado en septiembre de 2012, tomaron la decisión de mudarse de California a Oregón, uno de los pocos estados de Estados Unidos. que permite —bajo ciertas condiciones— que una persona con una enfermedad terminal ejerza el derecho de morir mediante una medicación letal prescrita por un médico.

En una declaración pública, ella explicó: “No soy suicida. Si lo fuera, ya hubiera tomado esa medicación hace tiempo. No quiero morir. Pero me estoy muriendo.” Durante los meses siguientes, Brittany se transformó en un símbolo público del debate sobre el derecho al final de la vida.

Trabajó junto a la organización Compassion & Choices para visibilizar su historia y promovió el acceso a la opción de morir con medicación prescrita para quienes enfrentan enfermedades terminales. A través de videos y entrevistas mostró su deterioro físico y narró por qué había elegido ese camino.

El anuncio de su decisión provocó una cobertura mediática inmediata. A fines de octubre de 2014 fue portada de revistas, protagonista de especiales televisivos y objeto de debate en medios digitales. Su iniciativa encendió una conversación pública en Estados Unidos y en otros países sobre las leyes de ayuda médica al morir.

Su caso generó tanto adhesiones como rechazos. Desde la Iglesia católica, un vocero declaró que “el suicidio asistido no es algo bueno. Es algo malo porque es decirle no a la vida y a todo lo que significa con respecto a nuestra misión en el mundo y hacia quienes nos rodean”. La Academia Pontificia para la Vida, calificó la decisión de Maynard como “un error” y sostuvo que “la dignidad es otra cosa que terminar con la propia vida”.

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En cambio, su madre, Deborah Ziegler, defendió la opción de su hija diciendo que “la decisión de mi hija de morir con dignidad en lugar de sufrir la degradación física y mental y un dolor intenso no merece que la tilden de irrespetuosa quienes no la conocieron”.

En el acta de defunción de Brittany figura como causa de su muerte “tumor cerebral”, aunque su caso se inscribió dentro de la ley estatal que permitió la autoadministración de medicamentos prescritos. Su mensaje de despedida fue una carta que ella misma compartió en redes: “Adiós a todos mis queridos amigos y familiares que amo. Hoy es el día que he elegido para morir con dignidad ante mi enfermedad terminal, este terrible cáncer en el cerebro que me quitó tanto… pero que me habría quitado mucho más«.

El cierre de su mensaje mostró paz, pero combinada con una tristeza imposible de evitar: «El mundo es un lugar hermoso, los viajes fueron mi mejor maestro, mis amigos íntimos y la gente me dio lo más grande. Incluso tengo un círculo de apoyo desde mi cama mientras escribo… Adiós mundo. Que corra la buena energía”.

Alcance legislativo y repercusiones tras el suicidio de Brittany Maynard

La ley de Oregón, conocida como Death with Dignity Act, sigue vigente. Permite que adultos con enfermedades terminales reciban una prescripción médica para autoadministrarse medicamentos letales, siempre que cumplan una serie de requisitos como realizar dos solicitudes separadas, una por escrito, y que sea el propio paciente quien los tome. Esta normativa continúa activa y fue objeto de reiteradas revisiones para ajustar sus condiciones.

En California, la ley llamada End of Life Option Act fue aprobada en 2015 y empezó a regir el 9 de junio de 2016. Esta ley permite que residentes adultos de California con enfermedad terminal puedan solicitar medicamentos para acabar con su vida bajo ciertas reglas. Fue impulsada en parte también por el caso de Brittany Maynard.

Cuando Brittany Maynard decidió terminar su vida en 2014, sólo unos pocos estados de Estados Unidos que autorizaban la ayuda médica para morir. Su historia movilizó el debate legislativo y varios estados –entre ellos California, Colorado, Hawái, Nueva Jersey, Maine, Nuevo México y el Distrito de Columbia– aprobaron leyes similares en los años siguientes. Sin embargo, la distinción entre “suicidio asistido” (paciente se administra los medicamentos) y “eutanasia activa” (médico administra el medicamento) sigue siendo central en el debate ético y legal.

En cuanto a organizaciones como la National Right to Life Committee (NRLC), criticaron abiertamente el caso de Maynard, y alegaron que su historia fue utilizada para promover la legalización del suicidio asistido en Estados Unidos. Por ejemplo, hicieron referencia al rol de Compassion & Choices al sostener que había “explotado la enfermedad de Brittany Maynard para promover la legalización del suicidio asistido con prescripción médica”.

En Argentina y Latinoamérica, la historia de Brittany fue tomada por medios y organizaciones del ámbito médico, jurídico y religioso como un ejemplo emblemático de la tensión entre autonomía individual, cuidados al final de la vida y valores éticos. Los debates incluyeron preguntas sobre el riesgo de presiones sociales hacia pacientes vulnerables, la disponibilidad de cuidados paliativos y la libertad de elegir cuándo morir.

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Un informe de FLACSO Argentina titulado “Una historia que reabre el debate sobre la muerte digna” evaluó que el caso de Brittany Maynard“ actualiza un tema con «complejas aristas éticas” y planteó que “la eutanasia y la muerte asistida ponen en juego el derecho de autodeterminación de las personas, por fuera de la religión y por fuera de una patología psíquica, y representan el derecho a quitarse la vida cuando las condiciones no responden a la noción de dignidad singular”.

En el mismo documento, la especialista en cuidados paliativos Cecilia Jaschek comentó que “los médicos no fuimos preparados para dejar morir a nadie. Por más que haya una norma que lo contemple o una familia que lo pida, a los médicos les cuesta hacerse cargo de una decisión semejante”.

Además, el abogado Ignacio Maglio sostuvo que “la muerte no es un fracaso de la medicina sino algo natural”, lo que, según el informe, revela que “la legislación en una sociedad democrática y pluralista debería respaldar en el derecho a ambas posturas y eso no sucede”.

Un elemento central de su legado es la frase que su marido Dan Diaz compartió en defensa de su causa: “Lo que hacés para vos se va cuando te vas. Pero lo que hacés por otros, eso queda”. Esta idea resume la intención de que su historia siga como punto de referencia en el debate sobre políticas de muerte con dignidad.

Hoy, a once años de su muerte, Brittany Maynard sigue en el centro mundial del debate sobre la eutanasia como uno de los casos que marcó una nueva fase de la discusión sobre la muerte asistida, los derechos del paciente, la autonomía personal y los límites del sistema sanitario frente a enfermedades terminales.

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